Drones – derecho aeronáutico y su relación con el derecho informático (estudio comparado) – Dr. Jesus Alberto Zarraga Reyes- ULAC Venezuela

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DRONES – DERECHO AERONATICO Y SU RELACION CON EL DERECHO INFORMATICO (ESTUDIO COMPARADO).

AUTOR: DR. JESUS ALBERTO ZARRAGA REYES

El Derecho Aeronáutico se relaciona con el Derecho Informático al estar asociado con los diferentes tipos de aeronaves y a la vez, vinculado al régimen jurídico aplicado a los ¨Vehículos Aéreos No Tripulados¨ (VANT), en inglés, “Unmanned Aerial Vehicle” (UAV), ¨Unmanned aerial systems¨ (UAS), conocidos también como ¨DRONES¨, cuyos usos apenas comienzan a ser objeto de atención de los órganos legislativos de algunos países los cuales han comprendido la necesidad decrear regulaciones de estosaeromóvilesno tripulados, empleados en actividades conexas con los sectorescivil, comercial, seguridad y defensa y militar.

Debido a la estructura que caracteriza a los VANT, pueden tener instalados instrumentos informáticos y telemáticos, los cuales al ser utilizados generan consecuencias jurídicas determinadas, producto de la versatilidad de sus operaciones. Éstos en su desempeño pueden estar comprometidos en actividades totalmente lícitas, o por el contrario, encontrarse involucrados en operaciones conducentes a Delitos Informáticos, como puede ser el hackeo de redes de WiFi o a interceptar comunicaciones civiles, entre otras aplicaciones ilícitas.

Otra terminología empleada para distinguir a los ¨DRONES¨, es el RPAS o “Remotely Piloted Aircraft System” se han llamado “drones”, palabra inglesa que significa textualmente “zángano” (el macho de la abeja). Existen varias teorías acerca del origen de este nombre pero todas ellas coinciden en su origen militar. Indudablemente, es el nombre más utilizado popularmente y es casi el único que se encuentra en los medios de comunicación. El RPA “Remotely Piloted Aircraft¨, se refiere a la plataforma de vuelo, mientras que el RPAS, se asocia al sistema. La principal diferencia con el caso de los VANT, UAV, UAS, se debe a que en relación al RPA o RPAS, se hace mención expresa a la existencia de un piloto que opera la aeronave de forma remota, es decir, utilizando un enlace de comunicaciones entre la estación de tierra y la aeronave, mientras que en el caso de los VANT, no se especifica claramente la existencia de un piloto, sólo que, caso de haberlo, no está a bordo1.

En cuanto a la normativa general aplicada a los usos de drones, en algunos países se han dictado las estipulaciones siguientes:

ARGENTINA:

El Gobierno argentino reguló la utilización de drones para la captura y el tratamiento de datos personales, a partir de una disposición enviada por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicada en el Boletín oficial como Ley N° 25.326 (2015).

La nueva norma estableció que todas aquellas fotografías y vídeos que son obtenidos mediante el uso de drones pueden implicar un riesgo para la privacidad de las personas, por lo que deben estar sujetos al régimen de la ley de protección de datos personales.

A partir de la promulgación de esta norma, todas las imágenes logradas por un drone que incluyan información personal tendrán que contar con el consentimiento de la persona involucrada.

Sin embargo, el consentimiento no será necesario “cuando los datos sean recolectados de un acto público” o de un hecho sobre el que “pueda presumirse la existencia de un interés general para su conocimiento y difusión al público”, indicaron fuentes del Ministerio de Justicia.

La ley exime de permisos también en el caso de usar drones dentro de una propiedad privada y cuando el Estado argentino utilice dicha tecnología para la atención de personas en situaciones de emergencia.

Entre las “Recomendaciones relativas a la privacidad en el uso de VANTs o drones”, la normativa exige un consentimiento previo del titular del dato obtenido.

Sin consentimiento previo el drone podrá tomar datos en la medida que “no implique una intromisión desproporcionada en la privacidad del titular del dato”, en los siguientes casos:

  1. Cuando los datos se recolecten con motivo de la realización de un acto público o hecho sobre el que pueda presumirse la existencia de un interés general para su conocimiento y difusión al público;

  2. Cuando los datos se recolecten con motivo de la realización de un evento privado (se realice o no en espacio público) en el que la recolección de los datos y su finalidad, por parte del organizador o responsable del evento, respondan a los usos y costumbres (por ejemplo casamientos, fiestas, etc.).

  3. Cuando la recolección de los datos la realice el Estado Nacional en el ejercicio de sus funciones.

  4. Cuando los datos se recolecten con motivo de la atención a personas en situaciones de emergencia o siniestros.

  5. Cuando los datos se recolecten dentro de un predio de uso propio (propiedad privada, alquiler, concesión pública, etc.) y/o su perímetro sin invadir el espacio de uso público o de terceros, salvo en la medida que sea una consecuencia inevitable, debiendo restringir la recolección de datos al mínimo necesario y previendo mecanismos razonables para que el público y/o los terceros se informen de una eventual recolección de su información personal en tales circunstancias. En caso que se prevea el acceso de terceros de la propiedad en forma habitual (por ejemplo un predio deportivo) se deberá informar las medidas de recolección de datos previstas como condición de acceso, en los términos del artículo 6° de la Ley en comento.

Para la legislación Especial Argentina, los responsables del tratamiento de recolección de los datos personales a través de los VANTs o drones deberán contar con un manual o política de tratamiento de datos personales y privacidad el cual deberá contener principalmente la información general siguiente: Finalidad de la recolección, referencia de los lugares, fechas y horarios en los que se prevé que operarán los VANTs o drones, el plazo de conservación de los datos, así como, las tecnologías a utilizar para la disociación de los datos indicando si es reversible o no, los mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad previstos, y medidas dispuestas para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los derechos del titular del dato previstos en los artículos 14°, 15° y 16° de la Ley aprobada.

Como parte infine, los datos personales recabados con drones deberán ser inscritos en un Registro Nacional dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

El punto más polémico de la norma es el artículo 5° de la norma, el cual estatuye que para fines recreativos “No se aplicarán las disposiciones de la presente reglamentación cuando se utilicen VANTs o drones con fines exclusivamente recreativos y sin la finalidad de capturar datos personales de terceros”. Esto da un margen de libertad que pudiera ser de interpretación subjetiva y, apartarse del espíritu de la norma.

El Anexo 2, incluye “Recomendaciones Relativas a la Privacidad en el uso de drones”. Entre ellas se destacan el punto que establece que “el uso recreativo de drones deberá hacerse teniendo en consideración las implicancias que tiene su uso sobre la privacidad de las personas, debiendo dar un uso prudencial al mismo, evitando la observación, entrometimiento o molestia en la vida y actividades de terceros”.

Si durante la actividad recreativa del drone, se toman datos privados, deberán ser eliminados, aún si es en un espacio público. El operador de drone deberá obtener autorización para acceder a lugares que impliquen un riesgo para la intimidad de las personas, como ser ventanas, jardines, terrazas o cualquier otro espacio de una propiedad privada.

La norma recomienda no usar drones para capturar información personal en establecimientos de la salud, lugares de culto, manifestaciones políticas o sindicales, y en aquellos lugares donde se pueda presumir la preferencia sexual de las personas.

La utilización drones en espacios públicos con alta conglomeración de personas tendrá mayores posibilidades de una recolección incidental de datos personales, por lo que se recomienda que el operador deba extremar las precauciones para resguardar la privacidad de terceros2.

COLOMBIA:

La Aeronáutica Civil que regula la operación de drones en Colombia, emitió la circular No.002, publicada en el Diario Oficial No. 49.624, a través de la cual se establece las disposiciones y requisitos legales que deberán cumplir los operadores de las Aeronaves Pilotadas a Distancia, (su siglas en inglés) Remotely Piloted Aircraft (RPA), elaboradas para garantizar niveles óptimos de seguridad operacional.

Entre los puntos resaltantes se encuentran los siguientes: el peso máximo permitido de cada (RPA) es de 25 kilógramos (de mayor peso, estaría prohibida su operación civil), deben de estar equipados con piloto automático y contar con GPS, su motor no debe generar exceso de ruido ni contaminación, sus hélices no pueden ser metálicas y deben tener una placa de identificación con el nombre del operador para que, en caso de incidente o violación a la norma, pueda ser reconocida.

La disposición legal también señala, que las RPA no podrán volar sobre áreas congestionadas, edificaciones o aglomeraciones de personas, durante condiciones meteorológicas de vientos fuertes o sin vuelo visual, en horario nocturno, tampoco podrán operar dentro de un radio de 1,8 kms equidistante a instituciones gubernamentales, sedes políticas, instalaciones militares y de policía y centros carcelarios, entre otros. No deberán volar a una altura superior a 152 metros ni a más de 750 metros de distancia del operador, se prohíbe el transporte de animales o elementos como armas, materiales peligrosos, de riesgo biológico, sustancias psicoactivas, entre otros.

La norma protege, de manera estricta, los corredores (espacio aéreo) de las aeronaves tripuladas en las que las RPA no podrán operar, con el fin de evitar eventuales riesgos de colisión y ocasionar daños a la integridad física, vida y bienes de los ciudadanos.

Otro tema sobresaliente en la normativa, señala que la persona que manipule este tipo de aeronaves, deberá contar con un mínimo de 40 horas de vuelo en estos equipos y 200 despegues o lanzamientos y aterrizajes, que podrán ser certificados por centros de instrucción avalados por la Aeronáutica Civil.

Los solicitantes cuyos fines sean de explotación comercial, distintos a los recreativos y deportivos, tendrán que tramitar los permisos correspondientes para su operación ante la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil.

Cualquier operación de una RPA sin la autorización requerida o que infrinja lo previsto en esta circular, constituirá infracción sancionable de conformidad con el Régimen Sancionatorio contenido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de esos hechos.

Uso deportivos-recreativos:

Son los vuelos dentro del espacio aéreo permitido, como los realizados en las pistas de aeromodelismo y zonas urbanas donde no haya presencia de personas ni edificaciones que puedan estar en riesgo al usar estos artefactos aeroespaciales, no está permitido para los drones deportivos o recreativos volar en las ciudades. En caso de existir la intención de realizar con este tipo de drones alguna actividad comercial, la reglamentación existente invita a registrar el carácter del aparato no tripulado para el efecto deseado.

Uso comercial:

Si el drone es utilizado con fines comerciales y se lucra por foto, video u otros usos emprendidos, deberá cumplirse con lo que exige la reglamentación vigente en los términos que se señalan a continuación:

  1. Licencia de piloto privado con curso en tierra de 6 meses de duración.

  2. Demostrar que ha cubierto un mínimo de 40 horas de vuelo, así como, 200 despegues y aterrizajes previos, certificados éstos por la escuela de aviación que lo acredita.

  3. Identificación y matrícula del drone.

  4. Póliza de seguro para daños a terceros.

  5. Formular la solicitud respectiva, con plan de vuelo incluido ante la Aeronáutica Civil con 15 días hábiles de anticipación.

  6. El drone debe tener un color que permita ser identificado fácilmente en el aire.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

De acuerdo a lo dispuesto por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), los Estados Unidos de América (EUA), dispondrá para el año 2017, de un marco regulatorio definitivo para los drones pequeños destinados a usos comerciales o civiles, igualmente, dicha agencia a finales de 2015, emitió recomendaciones las cuales en un contexto preliminar establecen determinadas normas que se señalan a continuación:

Propuso permitir el uso comercial de aeronaves de control remoto con un peso menor de 25 kilogramos (55 libras). Estos aparatos estarían autorizados a volar a 160 kph (100 mph) y una altura máxima de 152 metros (500 pies) para evitar las colisiones entre los aviones.

El registro de drones, es obligatorio bajo las reglas de la FAA, comprende los drones que pesan más de media libra (250 gramos) y menos de 55 libras (aproximadamente 25 kilogramos)3. El peso incluye cualquier carga que lleve incorporada, incluyendo cámaras, como las GoPro, o paquetes (en el caso de empresas dedicadas al comercio electrónico, como Amazon, Google y afines, esto se aplicaría, una vez que la FAA conceda el permiso respectivo, para utilizar estas aeronaves como medio para hacer entregas a domicilio).

La FAA ha dispuesto el lanzamiento de una página web para que los dueños de drones puedan registrarlos, con la opción adicional de que éstos se pueden registrar también por correo. La persona interesada en completar el registro deberá ser mayor de 13 años de edad. Al terminar el registro, el usuario recibe un certificado y un número de identificación único con el cual deberá identificar el drone.

Los pilotos de los drones deberán tener una edad mínima de 17 años y deberá realizar un examen cada diez años para obtener una autorización de vuelo de la FAA. Además del piloto autorizado, estos aparatos no podrán ser operados por otras personas, ni por pilotos en los aeropuertos.

Los operadores tendrán que pasar una prueba de la FAA sobre conocimientos aeronáuticos y una verificación de antecedentes con la Administración de Seguridad en el Transporte. Los operadores no necesitarán una licencia de piloto privado, esto puede interpretarse como una concesión al sector.

Será obligatorio sólo un operador en lugar de un observador o vigilante que esté atento de otras aeronaves, esta es otra concesión de la FAA.

Los operadores tendrán que mantener los drones a distancia visible en todo momento, lo que limita considerablemente los trayectos que pueden recorrer por el aire. Esta restricción amerita ser revisada en un futuro ya que pudiera impedir las entregas mediante drones de empresas que realicen comercio electrónico.

Los vuelos de drones estarían prohibidos a ocho kilómetros (cinco millas) de distancia de un aeropuerto y sobre personas no implicadas en el funcionamiento de estos aparatos.

No sería obligatorio que los drones tengan un certificado de aeronavegabilidad similar a los que se exige a las aeronaves tripuladas, otra concesión al sector. No obstante, deberán estar registrados ante la FAA y recibirán un “número” con fines de identificación similar a los números colocados en las colas de los aviones.

La FAA extiende exenciones caso por caso, ya que antes de la aprobación del marco definitivo que regulará a los drones, se mantiene la prohibición actual a los vuelos comerciales de éstos, lo cual en parte, se entiende como una disyuntiva.

Las normas actuales continuarán igual para el aeromodelismo, cuyos aparatos son a menudo indistinguibles de los drones pequeños.

Las recomendaciones disponen la creación de cuatro categorías de drones pequeños que los operadores comerciales puedan utilizar en zonas urbanas.

La primera categoría incluiría drones de no más de media libra (225 grs.). Esencialmente, podrían sobrevolar sin restricciones. Los fabricantes de los drones deberían certificar que si el drone golpeara a alguien, no habría más del 1% de probabilidad de que la fuerza máxima del impacto causara heridas graves.

Para las otras tres categorías, los drones deberían volar por lo menos a 6,5 metros (20 pies) por encima de las cabezas de la gente y mantener una distancia lateral de por lo menos 3 metros (10 pies) de alguien.

Los drones de la segunda categoría serían mayormente pequeños cuadricópteros, con brazos y propulsores múltiples, de 1,8 a 2,25 kilogramos (4 a 5 libras), aunque no hay límite de peso.

Los drones de la tercera categoría no podrían sobrevolar multitudes ni áreas de población densa. Serían utilizados para trabajar en sitios cerrados o restringidos donde la gente sobre la cual vuelen los drones tenga permiso del operador del drone para estar presentes. Los sobrevuelos deberían ser breves. Los fabricantes deberían demostrar que no hay más de un 30% de que si alguien recibe el máximo impacto de un drone padezca una lesión grave.

Los drones de la cuarta categoría podrían sobrevolar multitudes. El operador debería trabajar con la FAA para demostrar que los vuelos son seguros y contactar a la comunidad local mientras desarrolla el plan. El riesgo de lesiones graves no debería sobrepasar el 30%. Las pruebas de seguridad deberían ser más estrictas.

En cuanto a la privacidad:

Mediante un memorando presidencial se obliga a las agencias federales de los EUA, a garantizar políticas que rijan a los drones del gobierno para impedir abusos en la utilización de esos aparatos.

Esas políticas deben “prohibir la compilación, uso, retención o diseminación de la información en tal forma que infrinja la Primera Enmienda o en tal forma que discrimine a personas por su origen étnico, raza, género, origen nacional, religión, orientación sexual o identidad de género, contraviniendo la ley”.

Las agencias deberán difundir información en la que describan como acceder a sus políticas y operaciones relacionadas con drones.

Las agencias deben examinar sus políticas y operaciones relacionadas con drones antes de desplegar aparatos de nueva tecnología aeronáutica no tripulada, cuando menos cada tres años.

El Departamento de Comercio, en conjunto con otras agencias y grupos empresariales, será el encargado de desarrollar normas de privacidad para los drones comerciales y privados. Estas disposiciones no alcanzan al sector público, lo que pudiera dejar abierta la puerta para que agencias federales hagan un uso inapropiado de los drones.

REINO DE ESPAÑA:

El Reino de España cuenta con una ley temporal a partir de octubre de 2014, la cual fue concebida para regular el uso de drones en todo el ámbito del país. Dicha normativa trata de controlar el uso las operaciones de carácter comercial y civil con aeronaves pilotadas por control remoto, popularmente conocidos como drones (RPAS), cuyo peso no supere los 150 kgs.

En la normativa oficial del Estado español quedan reflejadas las condiciones en las que se puede realizar trabajos técnicos y científicos, tales como grabación aérea, reportajes aéreos, fotografía aérea, estudios de fotogrametría, vigilancia y monitoreo y revisión de infraestructuras entre otros.

Gran parte de este nuevo decreto de ley temporal, se basa en 4 puntos clave que toda empresa que desee operar con drones deberá contemplar y seguir:

TIPOS DE DRONES

ESPACIO AÉREO

SEGURIDAD

CARNET DE PILOTO DE DRONE

TIPOS DE DRONES:

Se establecen dos categorías: Drones con peso inferior a 2Kg. y drones con peso entre los 2 Kgs. y 25 Kgs. siendo para ambos imprescindible disponer de un carnet de piloto de drones para poder operar en España.

En caso de los drones de peso inferior a 2kgs. no será necesario que estén inscritos en el registro de aeronaves ni disponer de un certificado de aeronavegabilidad.

Para ambos tipos de drones, será obligatorio incluir una placa identificativa con el nombre del fabricante del aparato así como los datos fiscales de la empresa que lleve a cabo dichas operaciones.

ESPACIO AÉREO:

El espacio aéreo pertenece a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), y como tal, para poder realizar cualquier tipo de actividad comercial o civil con un drone, se deberá obtener un permiso oficial, como mínimo 5 días antes de llevar a cabo cualquier operación en el aire.

Esta nueva legislación mantiene la prohibición de sobrevolar núcleos urbanos o espacios con una alta masificación de gente sin el consentimiento especial por parte de la AESA.

SEGURIDAD:

El pilar fundamental en el que se ha basado el Ministerio para la realización de la normativa de uso de drones civiles en España es la seguridad. Por ello, cada empresa deberá disponer de un manual de operaciones cumplimentado siguiendo el estándar proporcionado por el Ministerio, así como un estudio de seguridad de cada una de las operaciones a realizar. Es decir, si alguien piensa en hacer volar un drone al margen de la ley, ya sea con un peso inferior a 2kg, o entre 2kg y 25kg, se expone a sanciones que van entre 3.000€ a 60.000€.

CARNET DE PILOTO DE DRONES:

Para que las empresas puedan operar legalmente, como lo hace por ejemplo Dronair, los pilotos designados deberán disponer de un carnet oficial para el manejo de drones, en el caso que estos pilotos ya disponen de un título de piloto de avión, ultraligero u otro específico, no será necesario obtener dicha titulación. En caso contrario, deberán cursar una serie de exámenes y pruebas oficiales para obtener el carnet oficial de piloto de drones.

En la actualidad en España, no existen academias oficiales bajo la tutela del Gobierno que realicen estos cursos a nivel superior para pilotos de drones, mientras se empiezan a impartir estos cursos, será obligatorio demostrar que se dispone de los conocimientos teóricos y algún tipo de carnet oficial o documento que acredite a los pilotos en el manejo de drones para poder llevar a cabo cualquier operación.

Esta normativa temporal sobre drones en España considera los diferentes marcos en los que se podrán realizar los distintos trabajos aéreos y en función del peso de la aeronave. Además, el texto aprobado se completa con el régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y no sólo marca las pautas de operación con este tipo de aeronaves, sino también otro tipo de obligaciones4.

REINO UNIDO:

En el Reino Unido el órgano encargado de regular los drones de entre 7 y 150kg es la Civil Aviation Authority (CAA). En 2012 la CAA emitió un documento llamado CAP 722 Unmanned Aircraft Systems Operations in UK Airspace, mediante el cual se establecían las reglas básicas para usar drones domésticos en Reino Unido. Además, en 2012 se constituyó en el Reino Unido el National Police Air Service (NPAS) que, junto a la Association of Chief Police Officers (ACPO) formó un grupo llamado Unmanned Aerial Systems Steering Group. En cuanto a las leyes que regulan los drones, el Reino Unido estos sistemas deberían seguir el Regulation of Investigatory Powers Act 2000 y Surveillance Camera Code of Practice, aunque existen muchas lagunas, y además estás leyes no se aplican a drones dirigidos por compañías privadas o individuos5.

VENEZUELA:

Para el momento de elaboración de la presente investigación sobre Derecho Informático, mediados de 2016, se tiene que en Venezuela aún no se ha legislado en la materia relacionada con el uso de los drones, hecho que permite afirmar, que éstos artefactos espaciales o Vehiculos Aereos No Tripulados (VANT), no representan en la actualidad ninguna intensa actividad, en el campo civil, tampoco en el comercial.

En cuanto a su operatividad, se tiene que algunos de los VANT existentes en Venezuela, en determinadas oportunidades, han sido utilizados para hechos importantes, tal como ocurrió en septiembre de 2015, cuando un drone participó en la labores de búsqueda y rescate del niño que fue arrojado al río Guaire por su padrastro en Caracas6.

En otro escenario, se tiene que en las redes sociales a menudo son compartidas variedad de panorámicas, como las captadas en sectores de difícil incursión, tales como las impactantes imágenes colocadas en la Web, relacionadas con tomas aéreas de un amplio sector de la ciudad de la Gran Caracas, conocido como ¨Petare¨, el cual es considerado como uno de los barrios más extensos de Latinoamérica.

Por otra parte, el uso de los drones a nivel local, ha estado envuelto en polémicas discusiones asociadas a la legalidad a cuanto a sus usos, como lo ha significado el hecho de haber sido empleados en la cobertura de marchas políticas y en espacios protegidos por el Estado Venezolano, como lo representa las imágenes tomadas del Hotel Humboldt, situado la cima del cerro del Ávila en Caracas, –actual parque nacional Waraira Repano–, a una altura de 2105 metros sobre el nivel del mar, cuya emblemática estructura que se encuentra bajo un proyecto de restauración desde el 2013. Éstos aspectos, que sin duda, a corto tiempo originarán que se dicten disposiciones y normas sobre la materia.

Se percibe la tendencia gubernamental de restringir el uso de los VANT para actividades privadas, abrogándose el derecho de usar los drones en determinadas actividades. En efecto, el titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (2016), ha resaltado que se impondrá una normativa para el manejo de las aeronaves a distancia (drones), a fin de contrarrestar el llamado bachaqueo7 y en operaciones de seguridad ciudadana. “La tecnología está llegando al país y pudiera ser empleadas para apoyar la seguridad en los estados fronterizos como la utilización estratégica”, “los drones que utilizará el Ven911 estarán operados por personal venezolano con tecnología China”8.

Mientras no se establezca la normativa respectiva, el uso de los drones en Venezuela es considerado una actividad alegal9, debido a que no está expresamente prohibida pero tampoco está regulada. Si bien es cierto, que existen espacios restringidos de índole oficial, no existe en la actualidad mediados de 2016, disposición alguna que prohíba el usos de los drones en lugares públicos.

En relación a la violación de la privacidad, operadores de drones afirman que la mayoría de los drones lo que hacen básicamente son tomas generales. Al efecto, es válido considerar que con un drone no corresponde direccionar un zoom en la ventana de alguien, la mayor toma que puede generarse es de la infraestructura de un edificio completo, en este caso, no se estaría frente a una violación a la privacidad.

A nivel oficial el monitoreo por medio de drones se enfoca entre otras aplicaciones, en vigilancia de zonas fronterizas, en áreas de difícil acceso para reconocimiento diurno y nocturno, en actividades de protección civil, búsqueda, salvamento y de inteligencia, observación de vías, entre otros. En el ámbito jurídico, se plantean algunas interrogantes, tales como: ¿El uso de estos vehículos aeroespaciales empleados en labores de inteligencia pudiera interpretarse que estarían dentro del marco de la ley? ¿Los órganos encargados de la seguridad nacional requerirán una ¨orden judicial¨ para realizar estas operaciones destinadas a la obtención de información, ubicación de una persona o por el contrario, se ejecutaran sin seguir el debido procedimiento?¿Podrán los drones pertenecientes a organismos oficiales, desplazarse en todo el territorio nacional, y espacios abiertos, sin previo aviso, enfocar sus cámaras a todos las personas para obtener información delicada aun no estando vinculadas a actividades ilícitas, o más aún, es válido utilizar los VANT para obtener información de una persona a la que el piloto de la aeronave, entidad oficial, empresa privada u otro organismo decidió seguir y vigilar?.

La normativa vigente que en principio pudiera aplicarse en Venezuela a los VANT, es la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo¨, que aunque no incluye a los denominados drones, es aplicable a “los objetos que, sin ser aeronaves tripuladas, se desplazan por el espacio aéreo del país.

En función de ello, el artículo 3°, de dicho instrumento jurídico, contempla que: ¨El Estado tiene la potestad de interceptar, decomisar e inutilizar un objeto volador cuando se considere incumplida la normativa en materia de circulación aérea o que violente zonas de Identificación de Defensa Aérea, que son básicamente cualquier espacio nacional¨.

En atención a los particulares enunciados, relacionado con la privacidad de las personas, en virtud de las complejas situaciones que generan el uso de drones y, por tratarse de un elemento innovador que forma parte del Derecho geoespacial, tecnológico e informático, correspondería al órgano legislativo nacional, impulsar una amplia consulta con la participación de los sectores interesados en la materia, en el momento de presentarse las deliberaciones acerca la elaboración de una ley que regule el manejo y operatividad de los drones.

1http://www.itg.es/?page_id=14762

2http://tn.com.ar/sociedad/el-gobierno-aprobo-la-legislacion-para-el-uso-de-los-drones_593074

3http://www.faa.gov/uas/registration/

4http://www.dronair.es/nueva-ley-sobre-el-uso-de-drones-en-espana-2

5http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-empleo-emergente-de-drones-con-fines-policiales-en-la-uni%C3%B3n-europea-avances

6http://www.el-nacional.com/sucesos/Empezo-busqueda-arrojado-Guairepadrastro_0_707329478.html

7El ¨bachaqueo¨, consiste en la reventa a elevados precios, superior a los establecidos en el mercado, de productos de primera necesidad que escasean a causa de los controles oficiales.

8http://www.entornointeligente.com/articulo/7811943/VIDEO-Ministro-Gonzalez-Lopez-advierte-nueva-normativa-para-el-uso-de-Drones-rss-01022016

9Es decir, que funciona sin haber sido reglamentado ni prohibido.

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